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PANORAMA GENERAL DEL COOPERATIVISMO AGROPECUARIO EN MÉXICO

PANORAMA GENERAL DEL COOPERATIVISMO AGROPECUARIO EN MÉXICO

Introducción

Como es del conocimiento general, la actividad productiva agrícola, a diferencia de la típicamente industrial, está sujeta a los vaivenes del medio ambiente y no es capaz de ajustar la producción a la demanda con la misma facilidad, rapidez y certeza con que lo hace la industria. Por tal motivo, el productor individual difícilmente puede predecir cuál será el rendimiento de su cosecha en una temporada dada. Producir mucho o poco puede ser desventajoso para el productor si no cuenta con elementos colectivos de soporte a su actividad individual.

Por todas estas razones, las cooperativas agropecuarias, desde finales del siglo XIX, se han difundido por todo el mundo como una opción de autoayuda para compensar las tradicionales desventajas de la producción agrícola, funcionando como una organización voluntaria de personas físicas con un interés común, que puede resumirse en reducir costos y maximizar los ingresos, con el fin de elevar el nivel de vida de los socios cooperativistas.

Una cooperativa agropecuaria puede definirse como una empresa que pertenece a las personas que usan sus servicios, quienes la controlan con métodos democráticos y cuyos riesgos, costos y beneficios se distribuyen o comparten entre todos sus miembros en proporción al uso que hacen de sus servicios.

Conviene igualmente aclarar que las cooperativas son empresas sin fines de lucro, en el sentido de que están organizadas para el beneficio económico de sus miembros, como usuarios de los servicios de las mismas, y no para acumular utilidades, como si fuesen entidades de especulación mercantil y sus miembros inversionistas. 

Evolución histórica del cooperativismo agropecuario mexicano

La primera cooperativa agropecuaria mexicana de la que se tenga conocimiento fue creada en 1886 en el pueblo de Tlalpizalco, municipio de Tenancingo, Estado de México. Según explica Rosendo Rojas Coria (1982), se trató de una cooperativa de colonización impulsada por el gobierno federal a través del Ministerio de Fomento, a cargo del general Carlos Pacheco. Tuvo como propósito inicial “resolver el problema que creara una huelga fracasada en la fábrica de hilados y tejidos de Contreras, que dejó a más de un centenar de obreros en la calle”. El régimen al que estaban sujetos los pobladores de esta colonia “era el de propiedad privada en cuanto a las tierras que sembraba cada familia y la casa que habitaba, los trabajos y aprovechamientos colectivos eran trazado de calles, combatir los insectos, hacer guardia para garantizar la seguridad de la colonia, crear corrales comunales de pastos para el ganado, pequeñas obras de irrigación, etcétera”.

Para 1894 según indica el propio Rojas Coria (1982: 306), “la colonia de Tlalpizalco tenía… 41 hombres, 37 mujeres y 20 vecinos; en total, 118 personas”. Esta primera cooperativa agropecuaria duró en operación casi 20 años, al cabo de los cuales sus socios determinaron disolverla amistosamente, pues consideraban que ya habían alcanzado un grado decoroso de vida. Poco antes de iniciarse y después de concluida la Revolución, se crearon a iniciativa del Lic. Miguel Palomar y Vizcarra, las Cajas Católicas Rurales de Ahorro y Préstamo, de acuerdo con el modelo alemán Raiffeisen, en los estados de Jalisco, Michoacán e Hidalgo. El objeto de esta sociedad era refaccionar a los campesinos pobres, sin embargo, diversos problemas de tipo operativo, así como la incomprensión del gobierno federal y la oposición radical de los caciques locales, provocaron su total desaparición hacia finales de la década de los años veinte.

En el régimen presidencial del General Plutarco Elías Calles, se expidió la primera Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC) en 1927, que reconocía y reglamentaba el funcionamiento de las cooperativas agropecuarias (artículos 2° al 8°), autorizándolas en su artículo séptimo a realizar las actividades siguientes: crédito, de producción, trabajo, seguros, construcción, transporte, venta y compra en común.

En 1933, en la segunda LGSC nuevamente se incluyó la figura de sociedad cooperativa agropecuaria, reconociéndola como una valiosa herramienta de la reforma agraria que se iniciaba en ese tiempo. Lamentablemente, al igual que el ejido, la cooperativa agropecuaria fue considerada desde entonces, no sólo como una unidad económica sino como un instrumento de acción política, alineado y dependiente del Estado. Esta posición subordinada y de plena corporativización de las cooperativas en general y de las agropecuarias, en particular, se confirmó posteriormente al emitirse la LGSC de 1938 y se reforzó durante los regímenes poscardenistas.

Así, después de cerca de cuatro décadas de control y manipulación que derivaron en la degeneración ideológica y el estancamiento orgánico del cooperativismo en México, a finales de los años setenta, se va a producir un nuevo repunte del movimiento cooperativo nacional como resultado de la instalación, por Decreto Presidencial del 11 de mayo de 1978, de la llamada Comisión Intersecretarial para el Fomento Cooperativo (CIFC), presidida por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en la cual participaban también las dependencias públicas siguientes: la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de la Reforma Agraria y el Departamento de Pesca.

El objeto fundamental de la Comisión consistía en dirigir y coordinar las acciones del gobierno federal en materia de fomento cooperativo, convirtiéndose en un órgano de planificación del desarrollo cooperativo a escala nacional, cuyas funciones ejercería a través del llamado Plan Nacional de Fomento Cooperativo 1980-1982 (PNFC), aprobado por el Presidente José López Portillo el 19 de junio de 1980. En la lógica del PNFC, se consideró de particular importancia ubicar el papel del sistema cooperativo dentro de los distintos sectores de la economía. Para tal efecto, se identificaron los objetivos sectoriales y se definieron los objetivos específicos del fomento cooperativo en cada sector, quedando éstos últimos, en el caso del sector agropecuario y forestal, como sigue:

• Fomentar cooperativas cuya magnitud regional trascendiera el ámbito de la propiedad ejidal, comunal y privada, y que promoviesen la capitalización interna de las unidades productivas y la distribución social de sus beneficios;

 • Promover cooperativas que pudiesen incorporar a los campesinos sin tierra, coadyuvando de esta manera a disminuir los índices de subempleo y desempleo abierto de la población rural, y

• Dar prioridad a la expansión y desarrollo de cooperativas en zonas marginadas y en distritos de temporal, que poseyeran características favorables para el desarrollo productivo de bienes y servicios, en el marco del Sistema Alimentario Mexicano.

Sin duda alguna, el PNFC ha sido el plan más ambicioso y acabado, desde el punto de vista técnico y jurídico, que se haya elaborado hasta la fecha en nuestro país en materia de fomento al cooperativismo. Lamentablemente el estilo burocrático y vertical prevaleciente, tanto en su fase de diseño como de instrumentación, aunado a los privilegios y corrupción que lo acompañaron, en cuyo marco los cooperativistas quedaban como simples beneficiarios pasivos de las políticas públicas y no como protagonistas centrales de las mismas, impidió el pleno cumplimiento de sus metas y objetivos, empujándolo hacia su prematura desaparición.

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